Energía

KLM, Shell y el gobierno de los Países Bajos realizan el primer vuelo de pasajeros con combustible sostenible de aviación sintético

Los Países Bajos son uno de los países líderes en Europa en buscar impulsar el desarrollo y la aplicación de combustibles de aviación sostenibles (SAF) para que la industria aérea sea más sostenible. Los Países Bajos quieren estimular el desarrollo y la aplicación de SAF (biocombustibles y combustible sostenible sintético) para que las aerolíneas europeas puedan volar totalmente con combustible sostenible para 2050. El Gobierno de los Países Bajos apoya varias iniciativas para estimular su producción y uso y así hacerlo comercialmente viable. Ejemplo de ello es la construcción de la primera fábrica europea de combustible sostenible de aviación en Delfzijl (Países Bajos), en la que colaboran KLM, SkyNRG, el aeropuerto de Schiphol y SHV Energy. 500 litros entregados, repostados y utilizados Como se anunció durante la conferencia, el primer vuelo comercial de pasajeros se realizó el pasado 22 de enero desde el Aeropuerto Schiphol de Ámsterdam con destino a Madrid, con una mezcla de 500 litros de combustible sintético sostenible. En su centro de investigación de Ámsterdam, Shell produjo el combustible sintético a base de CO2, agua y energía renovable procedente del sol y del viento de Holanda. “Estoy orgulloso de que KLM opere hoy el primer vuelo de la industria que utiliza combustible sintético fabricado a partir de fuentes renovables. La transición de los combustibles fósiles hacia alternativas sostenibles es uno de los mayores retos de la aviación. La renovación de la flota ha contribuido significativamente a la reducción de las emisiones de CO2, pero el aumento de la producción y el uso de combustible sostenible de aviación marcarán la mayor diferencia para la generación de aviones actual. Por eso, hace un tiempo nos unimos a varios socios para estimular el desarrollo de combustible sostenible de aviación sintético. Este primer vuelo con combustible sintético muestra que esto es posible en la práctica, y que podemos avanzar”, declaró Pieter Elbers, Director General de KLM “Hacer que la aviación sea más sostenible es un reto internacional al que nos enfrentamos juntos. Hoy estamos dando un gran paso en el nuevo capítulo de la aviación. Esta prometedora innovación será de gran relevancia en las próximas décadas para reducir las emisiones de CO2 de la aviación. Es estupendo que los Países Bajos hayamos sido los primeros en demostrar que esto es posible: mis felicitaciones a todos los actores implicados. Espero que, en estos tiempos turbulentos para la aviación, esto inspire a los actores del sector a seguir por este camino», expresó Cora van Nieuwenhuizen, Ministra neerlandesa de Infraestructura y Gestión del Agua “Shell es un jugador activo en la transición energética y nuestra contribución a esta primicia mundial es un ejemplo de ello. Estoy muy orgullosa de que hayamos logrado producir por primera vez 500 litros de combustible para aviones a base de CO2, agua y energía renovable. Es un primer paso muy importante y, junto con nuestros socios, ahora tenemos que ir más allá, acelerar el proceso y hacerlo comercialmente viable», comentó Marjan van Loon, Presidenta y Directora General de Shell Países Bajos Nuevas iniciativas y start-ups Durante la conferencia, se presentaron varias iniciativas y startups. Por ejemplo, la startup Synkero anunció que está colaborando con el Puerto de Ámsterdam, el aeropuerto de Schiphol, KLM y SkyNRG en la realización de una fábrica comercial de combustible sintético sostenible en el puerto de Ámsterdam. El proyecto busca conectar con iniciativas sostenibles en la zona del Canal del Mar del Norte, como la creación de una planta de hidrógeno de 100 megawatts en la que se pueden producir hasta 15.000 toneladas de hidrógeno verde con electricidad sostenible. Otra iniciativa es la construcción de una fábrica de pruebas de combustibe sostenible que utiliza el CO2 capturado del aire como materia prima. La iniciativa Zenid, en la que participan Uniper, el aeropuerto de Róterdam-La Haya, Climeworks, SkyNRG y el Aeropuerto de Innovación de Róterdam-La Haya, utiliza una combinación de tecnologías innovadoras para centrarse en la aviación neutra en CO2 con combustible sintético sostenible. Varios políticos europeos, entre ellos el Vicepresidente de la Comisión Europea Timmermans, el Ministro de Transportes alemán Scheuer y su colega francés Djebbari, subrayaron la importancia de desarrollar combustibles de aviación producidos de forma sostenible para reducir las emisiones de CO2 y dar un buen futuro a la aviación. Durante la conferencia, varios Estados miembros europeos han indicado que quieren trabajar en este sentido. En una declaración conjunta, los Países Bajos, Francia, Suecia, Alemania, Finlandia, Luxemburgo y España indicaron que la recuperación de la crisis actual debida a la pandemia debe ir acompañada de la aceleración de la sostenibilidad del sector de la aviación para alcanzar los objetivos climáticos, y piden a la Comisión Europea que presente una consigna europea común. Los Estados miembros consideran que el desarrollo del combustible sintético sostenible, además del biocombustible sostenible, es una de las formas más prometedoras y eficaces de reducir las emisiones de la aviación en las próximas décadas.

La Argentina ya recibe electricidad del sol de La Puna

27 de Noviembre de 2020

El inédito crecimiento de las energías renovables en Argentina durante los últimos tres años dio, finalmente, su fruto mayor: el parque solar Cauchari, con casi un millón de paneles fotovoltaicos y 300 MW de potencia instalada, que se conectó al sistema eléctrico nacional el 26 de septiembre.

A unos 1700 kilómetros de Buenos Aires, el emprendimiento está en la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste del país, cerca de las fronteras con Chile y Bolivia, con los que comparte la ecorregión de la Puna, un bioma de altoplanicies andinas con vegetación tipo tundra

Costó 390 millones de dólares y es la última prueba del desembarco chino en la economía de América Latina: del gigante asiático vinieron no solamente las dos empresas constructoras sino también la mayor parte de la financiación.

Un pastor indígena que cuida sus llamas o un grupo de vicuñas que huye ni bien ve venir un vehículo son las únicas imágenes que pueden llamar la atención del visitante –según constató IPS en una reciente visita a la zona- en la aridez y la soledad del entorno de Cauchari, que ocupa unas 800 hectáreas en la Puna argentina, a más de 4000 metros de altura.

Hasta este lugar lejano a los grandes centros de consumo eléctrico, donde escasea el agua y cuesta respirar, llegaron entre septiembre de 2018 y octubre de 2019, 2664 camiones con contenedores cargados de tecnología china.

Previamente habían desembarcado en  el puerto chileno de Antofagasta, sobre el océano Pacífico, o en el argentino de Zárate, sobre el Atlántico.

“Es el parque solar más grande de Sudamérica en funcionamiento y consideramos que es un gran impulso para el cambio de la matriz energética en toda la región”, dijo a IPS por teléfono Guillermo Hoerth, presidente de la empresa Cauchari Solar, propiedad de la provincia de Jujuy.

“Todavía es muy pronto para decirlo, porque estamos en una etapa de ajustes y dependemos de fenómenos naturales, pero es probable que sea uno de los parque solares más eficientes del mundo”, agregó Hoerth.

El presidente de la planta explicó que la intensa radiación durante todo el año se combina con bajas temperaturas, que ayudan a que los paneles retengan el calor y convierten a la Puna en un lugar extraordinario para este tipo de energía renovable.

Cauchari es el mayor éxito de la Ley de Fomento Nacional para el uso de Energías Renovables destinada al a Producción  de Energía Eléctrica, sancionada en septiembre de 2015 por el legislativo Congreso Nacional.

El nuevo régimen modificó la matriz eléctrica de este país del Cono Sur americano que es la tercera economía latinoamericana, construida hasta entonces casi exclusivamente por petróleo, gas natural, grandes represas hidroeléctricas y, en mucha menor medida, energía nuclear.

De acuerdo a información oficial, en Argentina desde 2016 se lanzaron 135 nuevos proyectos de energías renovables, mayormente solares y eólicos. Entre aquellos que ya han ingresado en operación comercial y los que están todavía en construcción, representan 4776 MW (megavatios) de potencia instalada, con una inversión estimada cercana a los 7200 millones de dólares.

El dato más gráfico sobre el ascenso es que las fuentes renovables, que tiene prioridad de despacho sobre las convencionales, aportaron 9,1 por ciento de la electricidad consumida en Argentina en los primeros 10 meses de 2020 y treparon hasta el record de 11,9 por ciento en octubre. La salvedad es que esto se dio en un contexto de baja del consumo eléctrico por la caída de la actividad económica debido a la pandemia de covid.

Así, las fuentes renovables, que hasta hace tres años no representaban siquiera el dos por ciento de la matriz eléctrica argentina, alcanzaron con atraso el objetivo de cubrir el ocho por ciento del consumo eléctrico nacional, que la ley 27191 de 2015 había fijado para el 31 de diciembre de 2017.

La norma fija una segunda etapa del plan, con una meta de 20 por ciento para 2025, pero los especialistas creen que eso será prácticamente imposible de alcanzar. La crisis económica global y los problemas de financiamiento de Argentina -que este año canjeó casi 66 000 millones de dólares de deuda con acreedores privados y todavía le debe unos 52 000 millones de dólares al FMI- son grandes obstáculos. Pero ni siquiera son los únicos. “Argentina es un país grande, que tiene un gran potencial para energía solar en el norte y éolica en el sur”, planteó a IPS el economista Julián Rojo, del Instituto Argentino de Energía General Mosconi, una organización no gubernamental dedicada a la investigación. Pero “el problema es que para transportar la electricidad a los centros de consumo hacen faltas de líneas de alta tensión, que hoy están cerca de la saturación. Y no existe ninguna intención de invertir en la construcción de nuevas”, puntualizó en un diálogo telefónico.

Rojo consideró que Argentina hoy no necesita generación adicional de electricidad, porque el pico de la demanda se alcanzó en 2017 y que, si la necesitara, cuenta con una importante red de gasoductos que hace que sea más conveniente construir centrales térmicas cerca de los centros de consumo. Ofrenda a la Pacha Mama por la ampliación El director de Energías Renovables de la provincia de Jujuy, Marcelo Nieder, dijo a IPS que si se eligió ese lugar tan remoto para construir el parque solar Cauchari no fue solo por la excelente radiación de la Puna sino también porque por allí pasa una línea de alta tensión construida en 1999 para exportar electricidad a Chile. “Chile la usaba para abastecer el consumo de su industria minera, pero desde 2006 Argentina dejó de venderle, así que existía la posibilidad de aprovecharla”, explicó telefónicamente desde Jujuy, el también nombre de la capital provincial. A esa línea de alta tensión todavía le queda capacidad de transporte y por eso el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, visitó en octubre Cauchari para hacer una ofrenda a la Pacha Mama, que representa a la Madre Tierra para los indígenas de la región andina, y pedir por una ampliación del parque solar, hasta los 500 MW de potencia. “Ya hicimos el diseño de la ampliación y apostamos a que la financie China, como sucedió con el parque ya inaugurado”, dijo a IPS por teléfono Felipe Albornoz, presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), la empresa que administra Cauchari. El banco estatal chino Eximbank fue el que financió la mayor parte de la construcción, con un préstamo de 330 millones de dólares que la provincia jujeña debe devolver en 30 años, con una tasa de interés del 2,9 por ciento anual. Los 60 millones de dólares restantes fueron conseguidos a través de un bono verde emitido en Estados Unidos, cuyos vencimientos hoy la provincia de Jujuy está intentando correr hacia adelante, según informó Albornoz desde la capital provincial.

El presidente de JEMSE detalló que Jujuy tiene la expectativa de vender electricidad al mercado eléctrico nacional por unos 25 millones de dólares anuales. La empresa prevé que Cauchari produzca 840 000 MW/hora por año, que permitirían ahorrar la emisión a la atmósfera de 325 000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalentes, gracias al no uso de combustibles fósiles. Dos por ciento de las ganancias netas le corresponderán a Puesto Sey, una comunidad indígena del pueblo kolla, que tiene los derechos colectivos de la tierra donde, ahora hay un mar interminable de paneles solares. La paradoja es que Puesto Sey como las otras comunidades de la zona no reciben la electricidad de Cauchari porque no están conectadas al sistema nacional. La mayoría de las pequeñas poblaciones de la Puna, mayormente habitada por kollas, se abastece de luz con generadores alimentados a combustible diesel, aunque en los últimos años en algunos se han construido pequeños parques solares locales. Tampoco Cauchari marca una diferencia hoy en términos de empleo, porque durante la construcción, que duró dos años, trabajaron más de 1500 personas, pero en su operación la planta solo requiere unos 60 o 70 técnicos altamente especializados. Y tal vez la pregunta más difícil de responder es si alguna vez Argentina u otro país latinoamericano podrán abastecer este tipo de grandes proyectos de energías renovables con tecnología local. Hoerth aseguró a IPS que la construcción volcó unos 100 millones de dólares al mercado interno de Jujuy, ya que por contrato 22,7% de los componentes electromecánicos de la planta fueron nacionales. Sin embargo, el presidente de Cauchari, advirtió que la fabricación de tecnología para energías renovables es un sueño que hoy está muy lejano. “Ojalá pudiéramos desarrollar la industria nacional. Pero es muy complicado porque China alcanzó unos costos tan baratos que inundó el mercado europeo”, puso como referencia.27

Energía solar compensa falta de servicios en el campo argentino

 

 
Teddy Cotella delante de los paneles solares que instaló en 2018 en su finca en la provincia argentina de Santiago del Estero. Se trata de una zona con escasa infraestructura, a la que no llega el servicio eléctrico de la red. Antes producía electricidad con generadores que consumían unos 20 000 litros de combustible diesel anualmente. Foto: Cortesía de Teddy Cotella

 

18 de Agosto de 2020

Quienes cultivan arroz en la provincia argentina de Entre Ríos parecen mecánicos. “Andan siempre engrasados, porque transportan todo el tiempo combustible diesel, para sus bombas de agua”, dice el productor Arturo Deymonnaz. Él, sin embargo, no tiene ese problema, porque cultiva el cereal con energía solar.

La finca de Deymonnaz está en la localidad de Villa Elisa, en el centro-oriental de Argentina, cerca de uno de los puentes por los que se cruza a Uruguay. El es productor ganadero de toda la vida –igual que su padre y su abuelo-, pero en 2018 incursionó en el arroz, tentado por un ingeniero agrónomo que le aseguró que puede cultivarse con energía limpia.

“Esta zona es tradicionalmente arrocera, pero muchos han dejado de cultivarlo porque se gasta tanto dinero en combustible que ya no es rentable. Aquí el arroz se siembra en noviembre y se cosecha en abril. Son 100 días con las bombas funcionando durante las 24 horas para sacar agua de los pozos para el arroz”, cuenta a IPS.

Deymonnaz sostiene que a él sí le es rentable el cultivo de arroz, gracias a que saca agua de un pozo de 48 metros de profundidad, con dos bombas alimentadas por 36 paneles solares fotovoltaicos, en su finca de 300 hectáreas, de las que 10 dedica ahora a la siembra del cereal.

“Yo le digo mi arrocera solar. No gasto en combustible y no tengo que soportar el ruido ni el chorro de humor que lanza el motor”, cuenta el productor, quien además instaló un sistema de mangas plásticas con compuertas para limitar el altísimo consumo de agua del arroz. Estima que así ha logrado un ahorro hídrico de al menos  30 por ciento.

El caso de Deymonnaz es representativo de un fenómeno que crece en este país del Cono Sur americano, con 44 millones de habitantes, que es la tercera economía latinoamericana  y en la que la actividad agropecuaria aporta cerca de 13 por ciento del producto interno bruto (PIB).

De acuerdo al último Censo Nacional agropecuario realizado en ese país sudamericano, en 2018, de los 162 650 establecimientos rurales que utilizan algún tipo de energía, 25 850 tienen paneles solares.

En el cultivo del arroz, las bombas de agua son de gran potencia, por lo que no pueden ser abastecidas a las conexiones eléctricas convencionales. Incluso las fincas que tienen electricidad suministrada por la red tienen que recurrir a generadores que funcionan con combustible diesel.

Arturo Deymonnaz es la tercera generación de su familia dedicada a la ganadería. Pero hace dos años incursionó en el cultivo de arroz, que produce únicamente con energía solar, en el norte de Argentina. Los productores arroceros de la zona utilizan bombas de gran potencia para extraer de los pozos la enorme cantidad de agua que requiere el cultivo, y que antes se extraía con un alto consumo de diesel. Foto: Cortesía de Héctor Pirchi

Arturo Deymonnaz es la tercera generación de su familia dedicada a la ganadería. Pero hace dos años incursionó en el cultivo de arroz, que produce únicamente con energía solar, en el norte de Argentina. Los productores arroceros de la zona utilizan bombas de gran potencia para extraer de los pozos la enorme cantidad de agua que requiere el cultivo, y que antes se extraía con un alto consumo de diesel. Foto: Cortesía de Héctor Pirchi

“En Entre Ríos, el costo del combustible está haciendo desaparecer a los pequeños productores. Solíamos tener unas 100 000 hectáreas de arroz, pero el año pasado se sembraron la mitad. Por eso la energía solar es una solución”, explica a IPS Héctor Pirchi, especialista en arroz del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Pero la energía solar no se limita a Entre Ríos: se está extendiendo por los campos, como se llaman en Argentina además de las tierras rurales a las explotaciones agropecuarias,  en todo el país.

Debido a la cuarentena que desde marzo rige en Argentina por la pandemia de la covid-19, IPS entrevistó por teléfono desde Buenos Aires a distintos productores agropecuarios, empresarios del rubro energía solar y especialistas en diferentes provincias del país.

Teddy Cotella, quien produce soja, maíz, trigo y garbanzo en el norte, está fascinado con la energía solar. Su campo, de 3000 hectáreas, está en la provincia de Santiago del Estero, a unos 12 kilómetros de la red de transmisión eléctrica más cercana, por lo que durante casi 20 años se manejó con generadores.

“Consumía unos 20 000 litros de diesel año solo para generación eléctrica. A los se quejan de la cuenta de la empresa de electricidad, yo les digo que prueben con no tener servicio eléctrico”, afirma.

En 2018 Cotella colocó paneles solares junto a baterías de litio, que almacenan electricidad para la noche o los días lluviosos, Con ellos abastece a las tres casas y todo el consumo que hay en el campo.

“Quienes tienen la red eléctrica lejos de sus campos no deben dudarlo. Yo incluso pondría paneles solares en una casa en la ciudad”, afirma Cotella, quien asegura que en solo tres años se recupera la inversión que requieren los equipos solares.

El norte argentino pertenece en su mayor parte al ecosistema del Chaco, la gran llanura boscosa que se extiende también por Bolivia y Paraguay. En esta región están las provincias más pobres de Argentina y la infraestructura es escasa, por lo que los parques solares pequeños cambian vidas.

Ariel Ludueña es dueño de Ener One, una compañía de energías renovables  que desde 2017 ya ha colocado unos 2500 paneles solares en el norte argentino.

“Estoy convencido de que la energía solar va a seguir creciendo muy especialmente en esa zona, porque les da independencia a los productores agrícolas. Hay campos que están a 80 kilómetros de las redes de transmisión eléctrica y a los que no es fácil trasladar combustible, porque los caminos de acceso no son buenos”, dice Ludueña desde la occidental provincia de Córdoba.

Uno de los clientes de Ludueña es Ignacio Pisani, un ingeniero en producción agropecuaria que hace 30 años se mudó de Buenos Aires a la noroccidental provincia de Salta, para dedicarse al campo.

Pisani tiene la línea de transmisión eléctrica a 15 kilómetros y, cuando solicitó a las autoridades provinciales que la extendieran, le respondieron que la obra tenía que pagarla él y que el costo le quedaría como un crédito para el consumo de electricidad. Era, por supuesto, una inversión desproporcionada, para un pequeño productor.

Así, Pisani se manejaba con un generador no solamente para darle luz a su casa y las de sus trabajadores, sino también para bombear agua para sus vacas y para el sistema de riego por goteo que usa para cultivar cebolla, sandía y alfalfa, en su terreno de 1500 hectáreas. En esa zona del Chaco la lluvia es escasa y se concentra en los meses del verano austral.

“El generador me traía muchos problemas: un gran consumo de combustible, ruido, necesidad de comprar repuestos… Y veía que nunca iba a llegar el servicio eléctrico. Por eso me decidí en 2018 por la instalación de un parque solar con 50 paneles que cubre todas las necesidades”, cuenta Pisani.

El productor financió la obra con su propio capital, tras comprobar que en Argentina hay un discurso favorable a la energía renovable y apegado a lo políticamente correcto, pero que  difícilmente se traduce en apoyo financiero concreto.

“Recorrí todas las entidades públicas y privadas para buscar apoyo, pero nadie me ayudó”, dice Pisani, quien junto con los paneles tiene 16 baterías que le permiten garantizarse electricidad hasta por tres días en caso de que el tiempo esté nublado.

En ese sentido, más incierto parece el escenario para los grandes establecimientos agropecuarios, que son actores clave del comercio exterior argentino. Los productos agroindustriales representaron en 2019 un 42,6 por ciento de las exportaciones totales, de acuerdo a datos oficiales.

“La tecnología solar se encuentra en constante evolución y la reducción de costos la vuelve una de las tecnologías más competitivas, limpias y eficientes para establecimientos agroindustriales”, dice desde Buenos Aires el economista especializado en energías renovables Matías Irigoyen,

“Si bien su implementación a nivel nacional dependerá de la política energética que se lleve adelante, en varias provincias ya resulta la solución más conveniente”, agrega Irigoyen, quien también es socio de la empresa MWh Solar.

En 2019, la compañía instaló 1800 paneles en un establecimiento agropecuario de 9000 hectáreas de la provincia de San Luis, en el centro del país.

Se trata de un gran consumidor de electricidad que compra energía directamente en el mercado mayorista y desde entonces cubre la mitad de su demanda con energía solar.

“Además de que las empresas agropecuarias pueden favorecerse económicamente con las energías renovables, lo interesante es que también pueden acceder a nuevos mercados internacionales, por la demanda creciente de productos con una menor huella de carbono”, concluye Irigoyen.

Las energías renovables y la economía circular son armas para combatir la pobreza

3 de Agosto de 2019

El comedor social En Haccore está en el límite entre la Buenos Aires formal y la informal: donde terminan las calles y comienzan los pasillos estrechos de uno de los asentamientos precarios más grandes de la ciudad. Allí se desarrolla una experiencia que, en base a energías renovables y a prácticas de economía circular, busca mejorar la calidad de vida de las personas.

http://enhaccore.blogspot.com/2009/07/blog-post_28.html

“Aquí nos desbordaba la basura, porque los camiones recolectores a veces vienen y a veces no vienen. Gracias a un biodigestor ahora estamos convirtiendo esos residuos en biogás, lo que nos permite pagar menos energía para cocinar. Es un sueño cumplido”, cuenta a IPS Bilma Acuña, fundadora y referente del comedor.

Acuña cuenta que creó el comedor social en 1993, cuando perdió su trabajo como obrera en un frigorífico, igual que muchos otros en el barrio durante el gobierno del neoliberal presidente Carlos Menem (1989-1999), que llevó al desempleo a tasas cercanas al 20 por ciento.

Lo llamó En Haccore, que es una expresión en arameo que hace referencia a un manantial de la historia bíblica de Sansón y Dalila. El comedor está en el sur de la capital argentina, a 15 minutos del centro por autopista, en la entrada del asentamiento conocido como Ciudad Oculta -nombre sobre cuyo origen hay distintas teorías- en el que viven hacinadas unas 25 mil personas.

Hoy, en el contexto de un país de 44 millones de habitantes que ha generado 2.650.000 nuevos pobres desde el año pasado al actual, según datos oficiales, Acuña dice que en el barrio hay más necesidades que nunca.

Basta caminar pocos minutos con ella para comprobarlo: los vecinos se le acercan y le piden leche, arroz, fideos o cualquier alimento que puedan llevarse a sus casas. El comedor brinda almuerzo y merienda a 300 personas de lunes a viernes, pero cada día hay nuevas personas que piden sumarse a las mesas.

En el comedor funciona desde 2017 lo que sus promotores llaman “biosistema urbano”, cuyo objetivo es replicar en el ámbito de la ciudad el funcionamiento propio de la naturaleza, donde todo lo que se consume es generado dentro del propio sistema y todos los residuos son aprovechados.

Así, el biodigestor, que es un recipiente hermético donde la falta de oxígeno posibilita la aparición de las bacterias que descomponen la materia orgánica, no solamente es utilizado para producir biogás con las cáscaras de decenas de kilos de papas o zanahorias que se pelan cada día en el comedor.

Además sus residuos se aprovechan para optimizar la producción de compost y como abono para la huerta que funciona en la terraza.

También sobre el techo se instaló un colector solar que calienta el agua mediante energía térmica y que permitió reducir la compra de gas envasado, ya que en esta zona desfavorecida de la ciudad no hay conexión a gas natural.

“Entendemos que el principal problema ambiental es la exclusión de los más vulnerables. Y que el cuidado del entorno puede realizarse mejorando la calidad de vida de la gente y facilitando su acceso a la energía y a la alimentación sana”, dice a IPS Gonzalo del Castillo, responsable del proyecto.

“Queremos desmitificar la idea de que sólo pueden cuidar el ambiente aquellos que ya tienen sus necesidades básicas satisfechas. Por el contrario, creemos que aumentar la calidad ambiental contribuye a que las personas que enfrentan mayores obstáculos desarrollen su resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a los problemas del entorno”, agrega.

Del Castillo es el director del Capítulo argentino del Club de Roma, una organización global nacida en Italia en 1968 que reúne a personas de distintos ámbitos y que fue una de las primeras voces en plantear los desafíos para el bienestar humano que plantea el deterioro ambiental.

La filial local del Club de Roma creó en Argentina el Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales (CeSus), que brinda asistencia técnica a municipios en cuestiones ambientales y sociales y fue convocado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar en Ciudad Oculta.

http://cesus.org.ar/

El proyecto busca romper con la lógica de que en los ámbitos urbanos se consumen alimentos y combustibles para generar energía producidos en el ámbito rural, y que esos procesos dejan residuos que deben ser enviados a disposición final, a menudo en las propias zonas rurales.

Del Castillo explica que la idea en el comedor En Haccore fue construir “un sistema integrado, en el cual la energía solar sirve para reducir el consumo de gas al cocinar, a la vez que los residuos generados en la cocina alimentan el bidiogestor y éste genera nueva energía en forma de biogás, al mismo tiempo que deja otros residuos que se utilizan para fertilizar la huerta orgánica y la máquina que hace compost”.

La huerta no es otra cosa que cajones con tierra instalados en una terraza con piso de cemento, donde se producen verduras y hortalizas y también se experimenta con la producción de hongos comestibles a partir de residuos celulósicos (por ejemplo, restos de café) y cultivos hidropónicos, que no utilizan tierra y hacen un consumo más eficiente del agua.

También existe un punto de acopio de aceites vegetales usados, que son retirados periódicamente por una fundación que los utiliza para fabricar diodiesel.

“El aceite era un problema muy grave aquí, porque a menudo era arrojado a cañerías o pozos y alteraba todo el sistema, debido a la precariedad de la infraestructura sanitaria, que es informal”, explica a IPS Milagros Sánchez, coordinadora del proyecto en Ciudad Oculta.

El proyecto incluye una participación central de la comunidad a través de talleres de capacitación, porque el objetivo es que continúe una vez que el CeSus se retire.

“Ahora sueño con tener un biodigestor y un colector solar para producir mi propia energía en mi casa”, contó a IPS Alejandra Pugliese, una vecina que, a partir de su participación en los talleres de huerta, dice que cambió su forma de ver la vida.

“Tomé conciencia de que si uno se conecta con los ciclos de la naturaleza es posible mejorar la calidad de vida aun con pocos recursos”, agrega Alejandra, quien trabaja cuidando niños y ancianos y últimamente ha visto reducidos sus ingresos, por la severa caída de la actividad económica que se produjo en la Argentina desde 2018.

El biosistema urbano ya comenzó a experimentarse también en otro comedor de Ciudad Oculta y en uno de otro asentamiento del sur de Buenos Aires: la llamada Villa 21.

El CeSus busca apoyo del sector público para demostrar que es posible que en las comunidades urbanas se aplique la lógica circular de los ecosistemas naturales, de manera que sean autosustentables.

Fuente: IPS

Y después de la audiencia, ¿qué?

La audiencia pública realizada en el Congreso de la Nación acerca del estudio de impacto ambiental de las represas del Río Santa Cruz fue calificada como «histórica» por todos los participantes. Es la primera vez que un proyecto que afecta el ambiente se discute en el ámbito deliberativo por excelencia de la democracia argentina.

Fue, por supuesto, en consecuencia de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplicó por primera vez la ley de impacto de los emprendimientos hidroeléctricos y ordenó que las obras queden congeladas hasta tanto se discutiera el estudio de manera pública.P articiparon más de 80 ciudadanos (representantes de ONG, especialistas y público interesado) de Buenos Aires y de Calafate, quienes expresaron sus argumentos ante las autoridades, y más de 700 personas asistieron vía streaming

Las opiniones vertidas durante la audiencia fueron negativas, tanto por el impacto sobre un ecosistema valioso no sólo desde el punto de vista ambiental sino también arqueológico y por su potencial perjudicial sobre una especie en estado crítico de conservación, como el macá tobiano. Sólo los funcionarios defendieron las empresas y dijeron que las modificaciones realizadas al proyecto, que tendrá un total de 11 turbinas en lugar de 8, aseguran que no haya un impacto negativo sobre el nivel del Lago Argentino, que es donde nace el Río Santa Cruz, en el imponente Parque Nacional Los Glaciares.

El Ministerio de Energía tomó la audiencia como una formalidad y espera ahora poder comenzar la construcción. La palabra, sin embargo, la tiene el Poder Judicial.

Las represas del río Santa Cruz se discuten en el Congreso

Este jueves 20 se realizará la audiencia pública para presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de las represas hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, sobre el río Santa Cruz, en el Congreso. El Gobierno espera así lograr que la Corte Suprema levante la medida cautelar que impide iniciar las obras.

La instancia de participación ciudadana prevista en la ley de Obras Hidráulicas (23.879) se realizará desde las 8 en el Salón Azul del Congreso, donde los Ministerios de Ambiente y de Energía expondrán las conclusiones de los informes oficialmente aprobados sobre el impacto que tendrán las represas desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico.
En esta audiencia podrán participar representantes de organizaciones no gubernamentales sobre cuestiones ambientales, profesionales, académicos y personas físicas o jurídicas que tengan derecho subjetivo o interés legítimo en la cuestión.

La Coalición Río Santa Cruz sin Represas, integrada por las organizaciones ambientalistas Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Aves Argentinas, Banco de Bosques, Flora y Fauna, Fundación Naturaleza para el Futuro (FuNaFu) y Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), cuestiona todo el proceso.

En un comunicado advirtieron: «Hoy los gobernantes dicen que tanto el EIA como la Audiencia Pública será un mero trámite a cumplir. Una táctica irresponsable para luego pedirle a la justicia que levante la medida cautelar, dictada por la Corte Suprema en el mes de diciembre de 2016, que actualmente impide la construcción de la obra. Esto se repite en cada oportunidad en que deben explicar a la ciudadanía el alcance de sus decisiones en las audiencias públicas, como en el caso de la Mina de Oro de Esquel, o de Chilecito; incluso cuando quisieron construir la represa de Garabí en Misiones».