En 2019, un grupo de niños llevó al Gobierno peruano a los tribunales buscando que desarrolle un plan nacional para frenar la deforestación. Los niños y niñas, menores de ocho años y representados por sus padres, argumentaron que el hecho de que el Estado no lo hiciera violaba su derecho a disfrutar de un medioambiente sano, así como sus derechos fundamentales a la vida, el agua y la salud. Dijeron que la deforestación en la Amazonía peruana genera una pérdida de servicios ecosistémicos y contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
Este caso no tuvo aún una resolución, sin embargo, cada día se registran nuevos juicios respecto del derecho de comunidades y personas a tener un ambiente sano. Y aunque la mayoría de estas acciones se llevan adelante en Estados Unidos, Australia y Europa, también hay un movimiento que crece en América Latina con sus características propias.
El año pasado se lanzó la Plataforma de Litigio Climático de América Latina y el Caribe de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) junto con organizaciones y abogados que están detrás de algunos casos en la región. En ella se muestra que hasta ahora se registran unos 50 casos legales, la mayoría en los últimos cinco años. Algunos de ellos tienen que ver con el cambio climático, mientras que otros se refieren a cuestiones ambientales asociadas, como la minería, el fracking y la contaminación.
Luego de décadas de negociaciones climáticas internacionales y acuerdos entre países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, los avances son pocos y se dilatan.
“Ante ese rezago, los litigios climáticos se han convertido en una herramienta cada vez más usada por organizaciones y comunidades para que Gobiernos y empresas asuman su responsabilidad por la crisis climática ante los tribunales y adopten medidas concretas y ambiciosas para frenar sus emisiones y mitigar los impactos de la crisis climática en los derechos humanos”, explica Tatiana Ruiz, integrante de AIDA.
Los litigios climáticos son casos que plantean cuestiones vinculadas con las obligaciones legales que los Estados y empresas tienen en relación con la crisis climática. Son presentados ante organismos judiciales para buscar —entre otras cosas— el cumplimiento de leyes climáticas existentes; la ampliación del alcance de otras leyes para que aborden el cambio climático; el reconocimiento de la relación entre los derechos humanos fundamentales y los impactos de la crisis climática; y la compensación por las pérdidas y los daños.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al 1 de julio de 2020 se habían registrado al menos 1.550 litigios climáticos en 38 países, casi el doble del número de casos registrados en 2017, que fueron 884 en 24 países. Estados Unidos lidera la lista. Allí se han presentado 1.200 litigios. Le siguen Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55).
Por supuesto que lo que se esperan son resultados. En mayo se emitió un fallo histórico. Se ordenó que para 2030 la petrolera angloholandesa Shell, una de las principales productoras y proveedoras de combustibles fósiles a nivel mundial, reduzca sus emisiones de CO2 un 45% en comparación con los niveles de 2019.
La decisión es una respuesta a la demanda presentada en 2019 por Amigos de la Tierra junto a otras seis organizaciones y más de 17.000 ciudadanos y ciudadanas de Holanda.
Aunque en 2020 Shell se comprometió públicamente a la neutralidad de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2050, el tribunal holandés consideró que no era suficiente. Según el veredicto, la multinacional es responsable de sus propias emisiones de CO2 y de las de sus proveedores y clientes, que en conjunto amenazan el frágil equilibrio planetario y los derechos humanos.
En la Argentina, podría decirse que la sentencia de la Corte que ordena el saneamiento del Riachuelo al Gobierno nacional, bonaerense y porteño, es un gran ejemplo de este tipo de litigios. El fallo emitido en julio de 2006 obliga a la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, que incluye planes de reconversión industrial, relocalizaciones de las personas que viven a orillas del río y saneamiento de las aguas. Lamentablemente, el proceso ha avanzado muy poco.