Bioinsumos: Argentina se posiciona ante un mercado en expansión
En la edición 2025 del Congreso CASAFE – centrado en productos biológicos –, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes reunió a referentes locales e internacionales para debatir el presente y futuro de los bioinsumos en la región. El panel “Mercado de biológicos: ¿Dónde estamos?” aportó datos y proyecciones que consolidan a estas tecnologías como eje de una agricultura más sustentable.
Ignacio Moyano Córdoba, vicepresidente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica en Dunham Trimmer, destacó que el mercado global de bioinsumos crece al 12% anual, y en América Latina al 15,6%. El impulso proviene de una demanda creciente por prácticas sostenibles, consumidores más exigentes e inversores atentos al sector. Aunque Brasil lidera la adopción, Argentina muestra un potencial en ascenso.
Entre los desafíos para expandir su uso, Moyano señaló la falta de conocimiento técnico, la necesidad de capacitación, la armonización regulatoria y una mayor inversión en I+D. “Para 2047, se proyecta una participación igualitaria entre soluciones químicas y biológicas. La clave será combinarlas para lograr sostenibilidad sin resignar productividad”, afirmó.
Luis Mogni, socio fundador de SOMERA S.A.S., presentó un informe desarrollado por CASAFE que revela que el mercado argentino de productos biológicos alcanzó los 124,2 millones de dólares en 2024, con un crecimiento del 10,9% interanual y una participación del 4% en el total de fitosanitarios. El tratamiento de semillas representa el 51% del mercado, mientras que los bioinsecticidas lideraron el crecimiento con un aumento del 109% en facturación.
Mogni subrayó además el potencial de los bioestimulantes y biofertilizantes, y llamó a fortalecer la articulación entre el sector público, privado y los productores. “Es fundamental construir soluciones desde la industria, con una mirada estratégica, colaborativa y centrada en el productor”, sostuvo.
El panel coincidió en que Argentina tiene una oportunidad concreta para consolidar el uso de bioinsumos, pero necesita políticas públicas activas, regulación moderna, alianzas estratégicas y una agenda sostenida de capacitación y transferencia de conocimiento.
El Congreso CASAFE 2025 convocó a más de 1.000 asistentes, entre técnicos, investigadores, empresas, productores y periodistas, y reafirmó el rol clave de los productos biológicos para una agricultura más sostenible, competitiva e innovadora.
Huertos alimentan, educan y mejoran ambiente urbano en Brasil
Son solo 392 metros cuadrados, es decir 0,04 hectáreas, de huertos en un barrio céntrico de Río de Janeiro, pero produjeron 1133 kilos de hortalizas entre abril y noviembre de este año y ya constituyen un aula para visitas y cursos sobre producción agroecológica en Brasil.
Se trata de un proyecto de la Acción de la Ciudadanía contra el Hambre, la Miseria y por la Vida, una asociación civil que hizo perenne la mayor campaña contra el hambre que hubo en Brasil, iniciada en 1993 por Herbert de Souza, el sociólogo y activista conocido como Betinho, fallecido en 1997.
Es una de las numerosas iniciativas de agricultura urbana que se multiplican en muchas ciudades del país. En el municipio de Río de Janeiro, la alcaldía tiene su propio programa de Huertos Cariocas, que ya cuenta con 56 unidades en comunidades pobres y escuelas.
Varios de los 400 miembros de la Red Favela Sostenible también se dedican a la producción agrícola urbana, a veces vinculada a la preservación y recuperación de los bosques remanentes en los cerros de Río de Janeiro, que tiene una población de 6,2 millones, que suben a 12 millones al englobar su región metropolitana. Del total de habitantes, 22 % vive en las favelas, los barrios pobres y hacinados.
Un ejemplo es el de Ana Santos, quien coordina el Centro de Integración de la Sierra de Misericordia (CEM), en la zona norte de la ciudad, donde se siembra mediante un sistema agroforestal, que combina árboles y hortalizas debajo, y se enseña agroecología.
En ese aprendizaje participan incluso los 45 niños de la Escuela Popular de Agroecología, que acoge a estudiantes de la enseñanza formal en horarios extraescolares.
Santos cuenta a IPS que también integra la Red Carioca de Agricultura Urbana, un movimiento de agricultores, consumidores, técnicos y activistas del tema, vinculado al derecho a la ciudad.
En Río de Janeiro cerca de 1500 personas se dedicaban a la agricultura urbana en 2019, estimó la local Empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural. Su producción alcanzaba 30 toneladas anuales. Esas cifras probablemente aumentaron en desde la la pandemia de covid-19, que estimuló ese tipo de actividad.
Acción contra el hambre
El proyecto de la Acción de la Ciudadanía se destaca por incluirse dentro de una organización nacional que, en sus 30 años de actividad, cumplidos en abril de 2023, distribuyó más de 55 000 toneladas de alimentos a 26,4 millones de personas. Cuenta con una red de más de 3000 comités locales para recolección y distribución de alimentos.
Brasil tiene 5570 municipios y una población de 203 millones de habitantes. Esa iniciativa comenzó durante la pandemia, pero ganó empuje organizado y planificado en este año de 2023.
En los patios de la Acción en el barrio de Gamboa se cultivan dos huertos, con fines productivos y pedagógicos.
El huerto de bancales circulares, entre los dos galpones que componen la sede de la Acción de la Ciudadanía sirve mejor a la enseñanza.
“La forma circular permite una mirada de la diversidad de vegetales en su conjunto, facilita reunir los visitantes para el diálogo”, explicó a IPS la agrónoma Joana Duboc, coordinadora del área de Agroecología de la institución.
En otro huerto, de bancales rectangulares, está instalado en un patio lateral y sus cultivos principalmente proveen hortalizas a la Cocina Solidaria, otra iniciativa inaugurada en 2021 con equipos modernos y personal capacitado, que ofrece comidas diarias, listas y envasadas, a 1000 personas que viven en las calles o en situación vulnerable en Río de Janeiro.
La cocina cuenta con 18 trabajadores. El huerto provee una cantidad variable de hortalizas, “a veces 40 kilos a la semana, otras 20, depende de la estacionalidad de cada producto”, dijo a IPS la nutricionista Evelin Rocha que cuida que las comidas sean “saludables, nutritivas y sabrosas”.
“Nuestro mayor desafío ya no es producir comidas, sino obtener indicadores sociales de los posibles beneficiados, quienes son, cuantos, donde vive la población vulnerable, en que condiciones, si trabajan. Necesitamos datos, herramientas para mejorar la eficacia de la acción”, acotó Licia Marca, coordinadora de la Cocina Solidaria, que ya distribuyó 640 000 comidas en 88 áreas diferentes de la ciudad.
Una parte de la producción de los huertos se destina a los colaboradores de la Acción, adicional a la de la propia cocina.
Cursos de agroecología
“Los huertos son pedagógicos y experimentales. Mostramos en la práctica que es posible producir una tonelada de alimentos en una pequeña área”, destacó Duboc mientras apuntaba la siembra de tomates, lechugas, coles y otras hortalizas y plantas medicinales, además de la pequeña plantación de banana y acerola (Malpighia emarginata), además de otras frutas propias de Brasil, como la jabuticaba (Plinia cauliflora).
Ella también conduce el curso de agroecología “Traspatios en acción”, de 40 horas en tres meses. Los alumnos son 70 en total, 30 presenciales, de Río de Janeiro, y 70 dispersos por todo el país, que siguen las clases virtualmente.
“La agricultura urbana puede atender mucha gente y reducir la inseguridad alimentaria. Además es nuestro reencuentro con la naturaleza. La ciudad ya fue un ambiente natural, ahora se trata de rescatarlo, incluso para crear un ambiente más agradable y mitigar la crisis climática en la ciudades”, observó la agrónoma.
Caroline dos Santos de Paula es una de las tres personas que cuidan directamente los huertos de la Acción de la Ciudadanía de lunes a viernes.
Favelas con huertos y bosques
Pero en los fines de semana trabaja en un Huerto Carioca de la alcaldía, en el Morro de São Carlos, una favela del Estacio, céntrico barrio de la ciudad.
De Paula no sabe precisar cuanta es la extensión del terreno pendiente del cerro, con áreas llanas donde cultiva hortalizas, fruteras, plantas ornamentales y medicinales. Hay áreas aún por cultivar, ocupada por gramíneas o árboles.
Faltan recursos, como equipos y dinero para pagar trabajadores eventuales, y especialmente mano de obra. Los nueve hortelanos con que cuenta son insuficientes porque ellos ganan solo una beca de 500 reales (100 dólares) mensuales y tienen que buscar ingresos adicionales para sobrevivir, explicó de Paula.
Ella, como “agente integradora”, es decir dirigente y capacitadora, gana el doble, 200 dólares. Como se trata de una beca y no de un empleo formal, aceptó trabajar en la Acción de la Ciudadanía, donde gana mucho más y tiene los derechos laborales asegurados.
Una parte de la producción se vende a restaurantes o en un mercado hortícola. “Los vecinos de la comunidad se benefician al comprar productos orgánicas, sin agroquímicos, más baratas que en las tiendas o ferias. Un kilo de banano orgánico lo vendemos a seis reales (1,2 dólares) el kilo, mientras cuesta casi el triple en el comercio normal”, apuntó de Paula.
Ana Santos, del CEM y de la Red Favela Sostenible, también trata de difundir los principios de la agroecología y fomentar iniciativas productivas, pero asumió una misión con un sesgo más ambiental.
Busca proteger y reforestar la parte alta de la Sierra da Misericordia, donde se instaló la Tierra Prometida, una pequeña comunidad rural-urbana de la zona norte de Río de Janeiro, donde viven unas 180 familias.
Son cerca de seis hectáreas en que su movimiento va plantando árboles, nativos del Bosque Atlántico de Brasil y exóticos, en general frutales, a la vez que se cultivan hortalizas a su sombra.
La producción de semillas y abono por compostaje es otra actividad, para distribución entre los agricultores urbanos.
“Con apoyo del gobierno y una política de soberanía alimentaria, para producción en circuitos cortos, local, que ahorra transporte, se podría producir muchos alimentos en la ciudad. Y en Río de Janeiro se puede tener “un bosque en cada favela”, sostuvo Santos.
Fuente: IPC
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Cooperativas de mujeres dan pelea al deterioro social en Argentina
Por allí hay una huerta agroecológica y un vivero, más allá hay corrales para la cría de cerdos y gallinas y muy cerca, en una vieja casa de una planta y techo de tejas, doce mujeres cosen pantalones y blusas. Todo eso sucede en un trozo de un parque público, cerca de Buenos Aires, donde las cooperativas populares dan pelea a larga crisis socioeconómica de Argentina.
“Vendemos la ropa en ferias y la ofrecemos a comerciantes. Nuestro gran sueño es montar un negocio propio para vender al público, pero es difícil, especialmente porque no podemos conseguir un crédito”, cuenta a IPS Soledad Arnedo, una mujer que es madre de tres hijos y que trabaja todos los días en el taller textil.
Las prendas que fabrican las diseñadoras y costureras llevan la marca “la Negra del Norte”, porque el taller está en el municipio de San Isidro, en el norte del Gran Buenos Aires.
Así se llama comúnmente al conglomerado suburbano formado por los 33 municipios que rodean a la capital de este país sudamericano, en el que viven 11 millones de personas y la pobreza alcanza a 45 % de la población.
Así, supera el promedio nacional, que es de 39,2 %, según el último dato oficial.
La Negra del Norte es solo uno de los varios emprendimientos autogestionarios que cobran vida en las cinco hectáreas que, dentro del parque municipal Carlos Arenaza, utiliza la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep).
Se trata de un gremio sin patrones, que agrupa a quienes están excluidos del mercado laboral y cada día buscan sobrevivir con ocupaciones precarias e informales a la brutal inflación que castiga especialmente a los sectores vulnerables de la sociedad argentina.
“Son emprendimientos que nacen con la voluntad del esfuerzo y el objetivo es ser parte de una cadena de valor, en el que las cooperativas textiles sean vistas como un agente económico y su producto sea valorado por el mercado”, afirma a IPS Emmanuel Fronteras, quien recorre los talleres cada día para prestar apoyo en nombre del gubernamental Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
El Inaes tiene hoy 20 520 cooperativas populares registradas. El organismo promueve el cooperativismo en medio de una delicada situación social, pero en el que, paradójicamente, el desempleo está en los niveles más bajos de los últimos 30 años en este país de 46 millones de habitantes: 6,3 %, según el último número oficial, correspondiente al último trimestre de 2022.
Tener trabajo y ser pobre
El drama para millones de argentinos no es la falta de trabajo, sino que el trabajo no alcanza: el poder adquisitivo de los salarios ha sido devastado en los últimos años por una inflación desbocada, que este año se aceleró hasta niveles impensados.
En marzo los precios subieron 7,7 % y la inflación interanual (entre abril de 2022 y marzo de 2023) trepó hasta 104,3 %. Los pronósticos de los economistas indican que este año podría finalizar con un índice de entre 130 y 140 %
Si bien los trabajadores de algunas actividades pueden cubrir en buena parte o en un todo la inflación con sus aumentos salariales, la mayoría queda retrasada y esto les sucede muy especialmente a los trabajadores informales.
“En la Argentina de estos últimos años, tener trabajo no saca de las personas a la pobreza”, dice a IPS la economista Nuria Susmel, experta en cuestiones laborales de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel).
“Esto es así incluso para muchos que tienen empleos formales”, agrega.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) estima que una familia tipo (integrada por dos adultos y dos menores) necesitó en marzo un ingreso de 191 000 pesos (834 dólares) para no ser pobre.
Sin embargo, el salario promedio en Argentina es de 86 000 pesos (386 dólares), incluyendo tanto al empleo formal como al informal.
“El salario promedio ha crecido muy por debajo de la inflación. En consecuencia, para las empresas el costo laboral se ha licuado. Esta baja real de los salarios es lo que ayuda a mantener la tasa de empleo en bajos niveles”, explica Susmel.
“Y es también la razón por la que hay muchísimos hogares donde una persona tiene trabajo e igual son pobres”, concluye.
Valor social de la producción
La Negra del Norte es una de 35 cooperativas textiles que funcionan en la provincia de Buenos Aires y donde trabajan 160 mujeres.
Ellas son apoyadas y sostenidas no solamente desde el Estado por el Inaes, sino también por el Movimiento Evita, una agrupación social y política de izquierda que lleva su nombre en homenaje a Eva Perón, la legendaria líder popular argentina fallecida en 1952, con apenas 33 años.
El Movimiento Evita formó una mesa de cooperativas textiles y colabora con distintas necesidades, como el reacondicionamiento de máquinas y la capacitación de las costureras.
«La mesa fue formada con el objetivo de unir a estos talleres, que en muchos casos eran pequeños emprendimientos aislados, para intentar formalizarlos e insertarlos dentro del circuido productivo y económico”, afirma Emmanuel Fronteras, que forma parte del Movimiento Evita, fuertemente vinculado al Inaes.
“Además del valor económico de las prendas apostamos que haya un valor social de la producción, que permite pensar no solamente en la ganancia de los dueños sino en la mejora del ingreso de cada cooperativa», agrega en diálogo con IPS.
En el trabajo del sector textil argentino hay una elevadísima informalidad que ha sido documentada, facilitada por una marcada atomización de la producción, ya que muchas marcas tercerizan la fabricación de su ropa en pequeños talleres.
Muchas de las trabajadoras de las cooperativas complementan su ingreso en la actividad textil con otro a través del plan social Potenciar Trabajo, por el cual el Estado paga la mitad de un salario mínimo, a cambio de una contraprestación laboral.
“Económicamente nos va como al país. La inestabilidad es enorme”, cuenta Celene Cárcamo, diseñadora que trabaja en otra cooperativa, que lleva el nombre de Subleva Textil y funciona en una fábrica de tapas para las típicas empanadas argentinas del municipio de San Martín que fue abandonada por sus propietarios y recuperada por los trabajadores.
Allí también funcionan otras cooperativas del rubro gráfico y de alimentos, en lo que es un verdadero polo productivo de la economía popular.
En Subleva Textil trabajan seis mujeres que tuvieron y tienen que enfrentar obstáculos todos los días. Uno de ellos es el permanente aumento de los insumos de trabajo, como el de la mayor parte de los precios de la economía argentina.
Subleva empezó a operar poco antes de la pandemia de covid-19, por lo que tuvo que adaptarse a esa compleja realidad. “Como dicen que crisis es oportunidad, decidimos hacer tapabocas”, recuerda Cárcamo, quien apunta a las dificultades llevar adelante una cooperativa en estos tiempos de Argentina y reconoce: “Necesitamos un respiro”.
