El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, fue presentado en una jornada participativa en la Cancillería.
La Argentina es uno de los países de la región que firmó este tratado en septiembre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, EEUU. Ahora, debe ser tratado por el Congreso Nacional.
Este convenio, de carácter vinculante, es el primer tratado regional consensuado para proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
La incorporación de este instrumento requiere que los gobiernos de la región establezcan nuevos estándares para cumplir con el Principio 10 de democracia ambiental, incluido en la Declaración de Río de 1992 sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Este mecanismo llama a garantizar el acceso adecuado a la información pública ambiental; promover la participación ciudadana, individual o colectiva; y al acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos.
El acuerdo además brinda herramientas para que aquellos países que cuenten con un mayor desarrollo legislativo, como Argentina, puedan enfocarse en mejorar la aplicación de sus normas y el cumplimiento de las previsiones que le permiten a la población acceder a información, participar en procesos como los de evaluación de impacto ambiental y también controlar el cumplimiento de las decisiones que puedan adoptarse en materia ambiental, teniendo la posibilidad de acceder a la justicia.
Su característica vinculante implica la obligatoriedad de su aplicación para los países que lo ratifiquen, tanto para garantizar dichos derechos, como así también el reconocimiento a principios fundamentales para el derecho ambiental, como los principios “precautorio” y de “prevención”, y el de “no regresión”, que impide a los países derogar las garantías y derechos ya reconocidos por el mismo.
Así, el tratado Escazú apunta a luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un ambiente sano y al desarrollo sustentable, dedicando especial atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.