Lo anunció el presidente Mauricio Macri el 1º de marzo en el Congreso, cuando abrió el período de sesiones ordinarias. El gobierno impulsa que un pedazo del enorme cuartel militar de Campo de Mayo se convierta en un Parque Nacional. Sin embargo, la iniciativa despertó críticas no sólo de organismos de derechos humanos sino también de organizaciones ambientalistas.

Los primeros se quejaron porque no fueron consultados y recordaron que en Campo de Mayo funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura montados por el Ejército en la última dictadura. Y señalaron que todavía hay investigaciones judiciales en curso, que este proyecto podría entorpecer.

Por su lado, desde la óptica estrictamente ambiental, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales señaló: «N​o todo espacio verde​ es propicio​ para ser área ​natural ​protegida, sino que ​debe ​tener mínimos valores ​naturales y/o culturales. Campo de Mayo no cumple​ con los criterios de la legislación nacional vigente para ser declarado por alguna de las categorías de la Ley de Parques Nacionales 22.351, y menos con la máxima categoría de protección (parque nacional). Se trata de un área rural convertida, fuertemente antropizada, que ha perdido su carácter natural».

En su discurso ante el Congreso, Macri dijo que Campo de Mayo «será uno de los Parques Nacionales urbanos más grandes del mundo y parte del Sistema de Áreas Protegidas del área metropolitana. Todos sabemos que más de 10 millones de argentinos viven ahí y van a poder conocer y disfrutar de estos parques. Los Parques Nacionales no son una idea abstracta de conservación, son una herramienta de desarrollo local y el acceso a ellos debe ser visto como un derecho para todos».