La audiencia pública realizada en el Congreso de la Nación acerca del estudio de impacto ambiental de las represas del Río Santa Cruz fue calificada como «histórica» por todos los participantes. Es la primera vez que un proyecto que afecta el ambiente se discute en el ámbito deliberativo por excelencia de la democracia argentina.

Fue, por supuesto, en consecuencia de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aplicó por primera vez la ley de impacto de los emprendimientos hidroeléctricos y ordenó que las obras queden congeladas hasta tanto se discutiera el estudio de manera pública.P articiparon más de 80 ciudadanos (representantes de ONG, especialistas y público interesado) de Buenos Aires y de Calafate, quienes expresaron sus argumentos ante las autoridades, y más de 700 personas asistieron vía streaming

Las opiniones vertidas durante la audiencia fueron negativas, tanto por el impacto sobre un ecosistema valioso no sólo desde el punto de vista ambiental sino también arqueológico y por su potencial perjudicial sobre una especie en estado crítico de conservación, como el macá tobiano. Sólo los funcionarios defendieron las empresas y dijeron que las modificaciones realizadas al proyecto, que tendrá un total de 11 turbinas en lugar de 8, aseguran que no haya un impacto negativo sobre el nivel del Lago Argentino, que es donde nace el Río Santa Cruz, en el imponente Parque Nacional Los Glaciares.

El Ministerio de Energía tomó la audiencia como una formalidad y espera ahora poder comenzar la construcción. La palabra, sin embargo, la tiene el Poder Judicial.