El Gobierno de Mauricio Macri se mostró desde su primer día inclinado a extender la actividad minera en el país y la mejor muestra de ello fue la quita de las retenciones a las exportaciones. Sin embargo, la previsión constitucional de que son las provincias –y no la Nación- las dueñas de los recursos naturales es un obstáculo para el desarrollo de una política nacional. Son varias las provincias que han prohibido por ley, en defensa del medio ambiente, la minería a cielo abierto y con uso de sustancias como cianuro.

Con  el conflicto social alrededor de la minería lejos de aquietarse en muchos lugares del país, lo que viene sucediendo con la mina Veladero, operada por Barrick, no está favoreciendo los objetivos del gobierno. Incluso el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, no tuvo más alternativa que mostrarse firme contra la minera canadiense y el mes último presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal tendiente a que se le impida continuar operando Veladero hasta tanto mejor su sistema de funcionamiento, en defensa de la salud de la población.

En este contexto, el Gobierno ha venido trabajando con las provincias en un Acuerdo Federal Minero, que busca fijar un piso de reglas básicas en todo el país, para atraer a los grandes inversores, ya que los montos que se manejan en la minería son importantísimos.

Ese Acuerdo Federal Minero antes de ser firmado ya recibió el rechazo de varias de las principales organizaciones ambientalistas del país, entre ellas la Fundación Ambiente y recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA) y Greenpeace Argentina

“El acuerdo propone la consolidación de un modelo minero de enclave y netamente extractivista. Un modelo obsoleto, ideado y gestado en la década de los noventa, sostenido en la primera década de siglo XXI y profundizando en esta gestión a costa de la Naturaleza, los territorios y los derechos de las comunidades locales”, dijo Gonzalo Strano de Greenpeace.

Por su lado, Enrique Viale, de AAdAA, afirmó que el Acuerdo “busca limitar las autonomías provinciales en aquellas jurisdicciones que cuentan con regulaciones que prohíben la minería a cielo abierto o el uso de sustancias tóxicas en los procesos extractivos, así como también pretende acallar y avasallar la resistencia social al desarrollo de este tipo de actividades de alto impacto ambiental”.

Desde FARN, Pía Marchegiani advirtió: “La falta de claridad sobre una cuestión ineludible como los mecanismos de consulta y participación es una señal de alerta ante el no cumplimiento de principios centrales en un Estado de Derecho, como la nula mención a la consulta previa y consentimiento libre previo e informado a pueblos indígenas”.