Desde que en julio de 2008 la Corte Suprema de Justicia dictó su histórico fallo en la causa “Mendoza” el Estado ya invirtió 5.200 millones de dólares en el saneamiento del Riachuelo con escasísimos resultados. Esta increíble cifra se la dijo la directora de operativa de ACUMAR al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en la última audiencia pública convocada por el máximo tribunal del país para tratar este tema.

Las organizaciones que integran el órgano colegiado designado por la Corte para seguir el cumplimiento del fallo presentaron un pedido de informes a ACUMAR, en el cual buscan saber en qué se gastó semejante fortuna. Si no obtienen una respuesta satisfactoria, según anticipó Andres Napoli, director ejecutivo de FARN, presentarán una denuncia penal para que se investiguen heriachuelochos de corrupción.

Pocos días después de aquella audiencia en la Corte, que dejó al desnudo la inacción de ACUMAR, el presidente del organismo, Julio Torti, quien ni siquiera se había animado a dar la cara en Tribunales, presentó su renuncia. El gobierno nombró en su reemplazo a la diputada nacional Gladys González, que viene ser interventora en el sindicato de marineros, el SOMU, pero, hasta donde se sabe, no tiene ninguna experiencia en temas ambientales.

El que sí estuvo en la audiencia ante la Corte fue el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, quien intentó volcar todas las responsabilidades en el gobierno anterior, cuando dijo que al 10 de diciembre de 2015 la situación de contaminación en el Riachuelo era la misma que al momento del falo de la Corte que ordenó a los estados de la Nación, la Ciudad y la Provincia que recompusieran en términos ambientales el estado del agua, el aire y el suelo.

Sin embargo, quedó claro en la audiencia que desde que cambió el gobierno la situación tampoco mejoró fundamentalmente porque no son adecuados los parámetros de vertidos de sustancias contaminantes al río que se les exige a las industrias de la cuenca.